La revolución hídrica de Bullrich para San Juan, Mendoza la dejó pasar en 2019

Los equipos técnicos de la candidata de Juntos por el Cambio plantearon una unión estratégica entre la minería y la agricultura. Curiosamente, el planteo es muy similar al que contenía la Ley 9.209 que derogó Rodolfo Suarez ante las protestas antimineras.

Uno de los principales problemas que tiene Mendoza para cuidar realmente el agua es la falta de recursos para avanzar en tecnificación aplicada al riego e infraestructura que permita evitar que se derroche el recurso hídrico como ocurre en la actualidad.

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No se trata de un problema que sólo se de en Mendoza, tambíén está presente en San Juan, pero en la vecina provincia, tras la victoria de Juntos por el Cambio y de la mano de los equipos técnicos de la candidata presidencial Patricia Bullrich, se plantea una "revolución hídrica" que crea una unión estratégica entre la minería y  la agricultura.

Mario Capello, ex subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, es el referente minero de Bullrich y planteó en la vecina provincia que "las regalías mineras se puedan pensar en revolucionar el sistema hídrico de San Juan, que es de principios del siglo pasado".

Aunque en la vecina provincia lo marcan como una revolución, en Mendoza se pensó antes y se plasmó en una ley. Tenía el número 9.209 y reemplazaba a la 7.722, pero lamentablemente la violencia de las protestas antimineras llevó a la derogación de la norma que había sido aprobada por amplia mayoría en la Legislatura.

Capello señala Bullrich apoya su idea porque en San Juan "hoy el sistema pierde agua, porque de 100 litros que salen, llegan 50 litros a las fincas", una situación que es exactamente similar a la que sufre Mendoza, donde más del 85% del agua se utiliza para la actividad agrícola y la mitad de pierde por distintos factores, como la falta de tecnología y obras.

"La minería es la que puede darle esos recursos a la provincia, la minería puede revolucionar el sistema hídrico", señaló el referente minero de Bullrich.

¿Qué decía la ley que derogó Suarez?

La Ley 9.209 señalaba que "sin perjuicio de los montos percibidos en concepto de regalías mineras, créase el Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que estará conformado por un porcentaje equivalente al UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) del valor de venta del producto obtenido por el proyecto y del cual el cincuenta por ciento (50%) estará destinado a financiar obras de modernización del sistema de transporte, distribución y aplicación de agua". Además, el texto específicaba "el cincuenta por ciento (50%) restante se destinará exclusivamente a obras de infraestructura vial y de servicios en los municipios en donde se localicen los proyectos mineros que tributan esta regalía".

Lo que planteaba la norma era cobrar un 1,5% adicional a impuestos y regalías (la carga impositiva de la minería ronda el 60% entre tributos locales y nacionales) para que se aseguraran recursos específicos para ese tipo de obras. 

En la actualidad, el gran problema que tiene Mendoza es la falta de dinero para mejorar los sistemas. La principal beneficiada con la inversión en obras hídricas es la actividad agrícola, porque es la que se lleva más de ocho de cada 10 litros del recurso hídrico de Mendoza. Sin embargo, y curiosamente, es una de las que más se opone al desarrollo de la minería.

Eficiencia hídrica

Recordemos que Rodolfo Suarez tuvo como primer acto al asumir el envío del proyecto de ley para reemplazar la Ley 7.722, tal como había dicho que haría durante su campaña. El proyecto que fue impulsado por Emilio Guiñazú, actual CEO de Impulsa Mendoza S.A., cuando era subsecretario de Energía y Minería era un texto superador que establecía todo el marco normativo para el desarrollo de la minería, considerando cuestiones como recursos específicos para obras hídrícas.

Aunque la mayoría de los que salieron a protestas ni siquiera conocían el texto, apoyaron el movimiento que llegó a niveles violentos y que terminó por llevar al Gobierno a derogar la ley.

Hoy, casi cuatro años después, y en medio de los problemas que existen con el recurso hídrico, para nadie es un misterio que se necesita mucho dinero para cambiar la realidad de la pérdida del agua en la agricultura y la falta de tecnificación en todo tipo de cultivos.

Algunos apuntan a los recursos de Portezuelo, pero no serían suficientes porque los expertos tienen claro que el proceso que se necesita necesita muchos más recursos y debe extenderse en el tiempo.

El empresario Sebastián Halpern, con más de 20 años de experiencia en sistema para el uso de agua, de riego y con amplio conocimiento sobre el recurso hídrico local, ha señalado en reiteradas ocasiones que pensar en medidas a corto plazo es hablar de un plan a 20 o 30 años, porque el tiempo pasa muy rápido.

La revolución hídrica de Bullrich para San Juan, Mendoza la dejó pasar en 2019

Conociendo el paño, señalaba que a fines del 2022 el riego tecnificado no llegaba al 10% de las superficies cultivadas de Mendoza.

Halpern ha sido claro en sus diagnósticos y, aunque a muchos no debe gustarle lo que dice, señala apuntando a la inversión que se necesita para mejorar el uso del agua que "ni vender vino, ni hacer turismo darán esos recursos, hay que hacer otras actividades".

Por eso, no ha dudado en señalar que "la Cordillera de los Andes es igual del lado oeste que del lado este, tenemos la misma riqueza. En minería en San Juan se utiliza solamente el 1% del agua. Hay que empezar a hacer minería en Mendoza y esas regalías aplicarlas fundamentalmente a obras hídricas que necesita la provincia".

La idea que se menciona como una "revolución hídrica" en la vecina provincia ya se plasmó en una ley en Mendoza en 2019 y se suma a la palabra de personas autorizadas, dejando claro que la minería debe ser una "aliada" para que otras actividades como la agricultura tengan mayor cantidad de agua.

Lo pensamos antes, pero no lo aplicamos. Ojalá nos demos cuenta a tiempo cuántas otras cosas estamos dejando pasar mientras se pierde agua y, además, la pobreza alcanza a 6 de cada 10 niños en el país.

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