Por el revuelo en Tribunales Federales se suspendió hoy el juicio por lesa humanidad
El décimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en San Rafael se vio alterado en su continuidad este miércoles por la presencia de Gendarmería y los allanamientos motivados por la causa en la que se investiga al juez Walter Bento.
La conmoción que produjo en los Tribunales Federales la imputación del juez Walter Bento junto a otros 15 sospechosos por presunto tráfico de influencias y sobornos, sumado al revuelo que causó el ir y venir de gendarmes y los allanamientos simultáneos en búsqueda de documentación, produjeron que se suspendiera el desarrollo del décimo juicio por delitos de lesa humanidad que debía continuar, tras un cuarto intermedio, esta mañana.
El décimo primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, en el que se investiga a siete imputados que prestaron servicio en el Ejército y la Policía mendocina durante la última dictadura cívico-militar está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por Alejandro Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira.
Los delitos cometidos en perjuicio de 25 víctimas en la ciudad de San Rafael, dentro del proceso denominado "Ocampos y acumuladas" que se tramitó durante la instrucción por separado.
Acusan al juez federal Walter Bento de liderar una banda para coimear
Los imputados son los exintegrantes del Ejército, Mario Guillermo Ocampo y Aníbal Guevara, y los exmiembros de la Policía Luis Rizo Avellaneda, Oscar Pérez, Norberto Mercado, Ángel Videla y Luis Di Filippo.
Entre las víctimas están Orlando Flores, Nilo Torrejón y los hermanos Ramón y Roberto Rosales, además de Francisco Tripiana, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, estos tres últimos están desaparecidos hasta el día de hoy.
El caso del juez Bento flotaba en el aire de los Tribunales Federales de Mendoza desde que él mismo exigió ser informado en torno a alguna investigación en su contra, a raíz de los rumores circulantes. Y contrató al abogado mediático Mariano Cúneo Libarona para llevar adelante el que ahora se ve como un largo camino, durante el cual -de no mediar una decisión propia de renunciar o pedir licencia, o un jury de parte del Consejo de la Magistratura- seguirá ejerciendo como juez, con el agregado de que tiene a su cargo la competencia electoral en un año de elecciones.
El juez Bento.
Concretamente, el origen de la imputación de Bento es el testimonio de Diego Aliaga, quien habría dicho que Bento cobraba coimas a cambio de favores para acusados de narcotráfico y contrabando. De hecho, Aliaga también habría estado vinculado a esta última práctica delictiva.
Al mismo tiempo, según publicó Mendoza Post, el juez sanrafaelino Eduardo Puigdéndolas ordenó la detención de tres abogados que le habrían pagado coimas a Bento: Luciano Ortego, Matías Armayo y Martín Ríos, este último recordado por haber devuelto años atrás la corona de la Reina Nacional de la Vendimia. El fiscal federal que investiga es Dante Vega.
