La odisea y la incertidumbre por la que pasarán los jubilados
El gobierno se había comprometido con el FMI a aplicar aumentos indexados, pero el Congreso no lo aprobó y quedó la antigua fórmula. Escribe Rodolfo Cavagnaro.
Por estos días el gobierno deberá fijar el porcentaje de aumento que se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones que debe regir a partir de marzo próximo. Para la aplicación de dicho aumento se aplica la fórmula que se aprobó en el gobierno de Alberto Fernández, que combina el crecimiento del promedio de los salarios y el incremento de la recaudación previsional. Según cálculos provisorios de algunas consultoras, el incremento, por esta fórmula, podría oscilar entre 29 y 33%, contra una inflación acumulada casi del 60%.
Hay que reconstruir la organización federal
Mientras tanto, la consultora Idesa, basada en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, explicó que el gobierno obtuvo un superávit financiero, es decir, el primario más los pagos de deuda, lo que habla de una importante caída del gasto. Esta caída se basó en una caída real de las prestaciones jubilatorias de un 36% y las ayudas sociales un 50% (el montón del plan Potenciar trabajo fue congelado). La consultora advierte que no es sostenible mucho tiempo el sistema de licuación de los ingresos vía inflación porque, además puede generar muchas protestas y mayor cantidad de juicios contra el Estado.
La situación del sector pasivo es muy grave y se ha visto mucho más sensible con las altas tasas de inflación de los últimos meses. El gobierno se comprometió con el FMI, según reveló el último Reporte del organismo sobre la Argentina, a mantener los ingresos previsionales a valores constantes de diciembre de 2023 y que aplicaría aumentos discrecionales para mantener los ingresos de los jubilados en términos reales.
El FMI está esperado que el gobierno cumpla con su compromiso, pero ocurre que esta norma iba incluida en el proyecto de ley ómnibus que el gobierno retiró del Congreso, pero sobre este tema la oposición se oponía a darle atribuciones para aplicar aumentos discrecionales. En este punto, los jubilados están en el peor de los mundos. El Congreso no aprobó la norma que proponía el gobierno, pero no propuso nada alternativo con lo cual, queda la vieja norma que le ha hecho perder mucho poder adquisitivo a los jubilados.
El poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones ya es el más bajo desde la crisis del 2002
Lo que puede ocurrir es que, si no se aumenta la jubilación por inflación, mensualmente, el sector pasivo va a quedar en peores condiciones. Pero hay una alternativa, que el gobierno quiere evitar. Dado que los valores para actualizar se toman con un atraso de tres meses, siempre llegan tarde mientras crece la inflación.
Pero ahora parece venir un proceso inverso, donde la inflación bajará, los recursos seguirán creciendo y los aumentos salariales, con atraso, comenzarán a llegar a los convenios. Así, las cosas, si no se cambia el sistema actual, a partir de junio los aumentos podrían ser superiores a la inflación y le van a generar erogaciones muy por encima de sus posibilidades. Por eso el gobierno prefiere comenzar a indexar por inflación ahora. Quizás se tire a la pileta y lo haga por decreto de necesidad y urgencia. El Congreso, ¿se animará a derogarlo?
