Caputo acelera privatizaciones para blindar el pago de la deuda
El Gobierno busca reunir US$2000 millones y reforzar el financiamiento para enfrentar vencimientos por más de US$4200 millones sin afectar las reservas.
Con el foco puesto en garantizar los pagos de deuda y mejorar la percepción de los mercados, el Ministerio de Economía acelera el proceso de privatizaciones. La estrategia que encabeza Luis Caputo apunta a reunir alrededor de US$2000 millones durante 2026, recursos que se complementarán con emisiones de bonos en dólares en el mercado local y créditos de organismos internacionales.
En ese marco, el Gobierno dio un paso clave con la privatización de Energía Argentina (Enarsa), al recibir tres ofertas por Transener, la principal empresa de transporte eléctrico del país. Las propuestas presentadas por los interesados se ubican en un rango que va de US$230 millones a US$356 millones, y la decisión final quedará en manos del Palacio de Hacienda.
Al mismo tiempo, se avanzó con Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), luego de la aprobación de los contratos de concesión y transferencia accionaria. El esquema establece una concesión por 30 años para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, con la obligación de ejecutar el Plan de Transición 2024-2026 hasta fin de este año.
Otra de las iniciativas en marcha es la privatización de Belgrano Cargas, iniciada en julio de 2025. Aunque aún restan conocerse los pliegos, el Ejecutivo definió que los fondos obtenidos por la venta de locomotoras, vagones y otros activos serán destinados a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
En paralelo, Caputo anticipó que el proceso de concesión de rutas nacionales avanzará en los próximos meses. Según detalló, entre junio y julio se licitarán 9000 kilómetros de corredores viales, a los que luego se sumarán otros 12.000 kilómetros adicionales.
El programa de privatizaciones se apoya en la Ley Bases, que habilitó la transferencia al sector privado de empresas como Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Enarsa, la Operadora Ferroviaria (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y el complejo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Desde el sector privado, la consultora PWC remarcó que estos ingresos resultan clave para sostener el equilibrio fiscal en un contexto de reducción de impuestos. De hecho, en enero de 2026 el Tesoro ya registró ingresos por aproximadamente 0,12% del PBI tras la adjudicación de las represas del Comahue. Para el resto del año, las operaciones en curso -incluyendo Aysa, Citelec (Transener) e Intercargo- podrían aportar unos US$783 millones adicionales, equivalentes a cerca de 0,13% del PBI.
Ver: Privatizaciones 2026: la hoja de ruta del Gobierno para recaudar US$ 2.000 millones
El objetivo de fondo es reforzar la capacidad de pago sin recurrir a las reservas del Banco Central. En julio, el país enfrenta vencimientos por más de US$4200 millones con bonistas, y el equipo económico busca cubrirlos con fuentes alternativas.
En ese sentido, se diseñó un esquema de financiamiento externo respaldado por organismos como el Banco Mundial, el BID y eventualmente la CAF, que podría movilizar hasta US$4000 millones. Si se suman las emisiones de bonos en dólares y los ingresos por privatizaciones, el paquete financiero total podría alcanzar los US$10.000 millones.
Esta estrategia apunta a reducir la dependencia del financiamiento en los mercados internacionales en el corto plazo, reemplazándolo por mecanismos estructurados y multilaterales. Al mismo tiempo, el Banco Central acumula compras por más de US$6000 millones en lo que va del año, en línea con las metas acordadas con el FMI.
La mejora en las reservas contribuyó a una baja del riesgo país, que perforó los 600 puntos básicos, en un contexto de mayor optimismo entre los inversores. Sin embargo, el Gobierno busca consolidar esa tendencia, con la mirada puesta en un eventual regreso a los mercados internacionales para refinanciar deuda en el futuro.
En ese camino, el compromiso oficial es sostener el superávit fiscal, con una meta de 1,4% del PBI para 2026, mientras se fortalecen las reservas y se despejan las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina.
