Se complica la relación comercial de Estados Unidos con España por la Tasa Google

El gobierno socialista español anunció que no dará marcha atrás en sus planes para aprobar la conocida como tasa Google, pese a la nueva advertencia llegada de la Administración Trump. Firmada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la carta enviada a los ministros de Hacienda de España, Francia, Italia y Reino Unido comunica de forma oficial que se dan por rotas las negociaciones bilaterales que se mantenían para intentar paralizar esta tasa, y advierte de que si se sigue adelante con "la adopción de estos impuestos, se responderá en la misma proporción con medidas correctivas", además de advertir de posibles represalias, según ha adelantado el diario Financial Times. 

Fuentes del Ministerio de Hacienda de España confirmaron la existencia de la misiva, pero insisten en que "nada ha cambiado", por lo que se mantienen los trámites burocráticos para aprobarla, tras el visto bueno recibido en el Parlamento, según informan los medios españoles al unísono en este momento.

En la carta, enviada el pasado 12 de junio -aunque no había trascendido hasta ahora-, Mnuchin confirmaba que la intención de gravar con impuestos los servicios digitales a las grandes compañías tecnológicas constituían "prácticas comerciales desleales", y tras comprobar que las negociaciones se habían estancado, "nuestros representantes habían decidido romperlas, ante la inmovilidad de las posiciones".

Las autoridades españolas aseguraron que va a continuar adelante y a aprobar unilateralmente esta tasa, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas parciales tras superar la oposición de PP, VOX y Ciudadano,s y rechazar sus enmiendas a la totalidad. 

El Ejecutivo español que encabeza Pedro Sánchez pretende adelantarse a la propia legislación de la Unión Europea, que está en la fase inicial de su diseño. El objetivo, al igual que el de los países que pretenden aprobarlo por su cuenta, es aumentar los ingresos y controlar las cuentas fiscales de estas compañías, que se benefician de los mercados locales en los que operan, pero que contribuyen de forma muy limitada a las arcas públicas de esos países.

España insiste en que este impuesto digital no discrimina por país y se aplicará a todas las empresas, independientemente de dónde tengan su sede. "Creemos que es necesario adaptar el sistema fiscal a la nueva realidad económica del siglo XXI. Esa era nuestra posición antes de recibir la carta, y sigue siéndolo ahora", manifestaron a Reuters fuentes del gobierno español. 

Además de a estos cuatro países europeos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está investigando a Brasil, República Checa, India, Indonesia, Turquía y Austria, amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, a la que ha recurrido. 

Entre las medidas que podría proponer el Representante Comercial, si la investigación es concluyente, está la imposición de aranceles comerciales contra los países investigados, entre ellos España.