Por una reforma institucional, a 6 años de la detención de Lázaro Baez
La reacción de una sociedad frente a un caso de corrupción desenmascara el nivel de institucionalidad de un país, reflejado principalmente por el know how de la sociedad civil y política ante una violación de las leyes básicas.
El 1 de abril de 2013 se denunciaba "La Ruta del Dinero K", el 5 de abril de 2016 se ordenaba la detención de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín.
Sin lugar a dudas, el caso más emblemático de corrupción que se ha visto en la Argentina en la última década, es aquel que fue públicamente denunciado por el programa televisivo "Periodismo Para Todos" conducido por el periodista Jorge Lanata en el año 2013, difundido como "La ruta del dinero K" haciendo referencia a la familia presidencial que gobernó la República desde el año 2003 hasta el 2015. En este caso, se denunció el lavado de dinero por medio de la creación de cuentas off-shore de dinero proveniente de sobreprecios producidos en licitaciones de obra pública asignada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Ocho años después de la presentación de "La ruta del dinero K" en el programa de Lanata, se condenó a 12 años de prisión a Lázaro Báez, quien era el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, producto de haber sacado del país 55 millones de dólares en un período de seis meses a través de maniobras financieras que enviaron el dinero a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Resumida la causa, que encontró finalmente una condena, considero más pertinente escribir sobre las repercusiones posteriores que tuvo ello, más que la violación a las leyes obvias que implica el hecho en sí. Esto así, porque la reacción de una sociedad frente a un caso de corrupción desenmascara el nivel de institucionalidad de un país, reflejado principalmente por el know how de la sociedad civil y política ante una violación de las leyes básicas.
Es menester considerar en primer lugar, que la investigación inicial no fue realizada por algún órgano intraestatal, por lo que debería llamarnos la atención la ausencia de efectividad de la función de contrapeso inseperable del principio republicano de división de poderes. He aquí la primer falla institucional: la persecución del delito fue iniciada por un medio de comunicación y no por el Poder legislativo o el Judicial, ni mucho menos por el mismo Ejecutivo. La entonces diputada Elisa Carrió, tomó la evidencia expuesta en la televisión, y presentó la denuncia.
En segundo lugar, a pesar de que el funcionariado público tiene la obligación de denunciar cualquier hecho delictivo (Art. 81 Ley 2303 - Código Procesal Penal Argentino), se pasó por alto esta instancia y no funcionaron los contrapesos internos del Poder Ejecutivo. Un intento de corrupción, debería ser evitado por el primer testigo que cumpla la función pública, en este caso, quien está a cargo de evaluar la correcta realización de las licitaciones de obras públicas sobre las cuales se produjo el sobreprecio, y posteriormente, quienes deben garantizar la correcta concreción de la obra en sí.
Los dos párrafos precedentes, resumidamente, evidencian falencias por parte de la sociedad política tanto en prevenir como en erradicar conductas que violentan directamente las instituciones. El contexto del delito, es lo que facilita su existencia.
Sin embargo, no puede dejarse de lado la reacción posterior a la visibilización de la causa, en la sociedad civil, que responsabilizaba posteriormente al Presidente de la Nación Mauricio Macri de no continuar con el encarcelamiento de la entonces ex Presidente de la Nación Cristina Fernandez por haber sido partícipe necesaria para la consumación de "La Ruta del Dinero K".
Esta reacción, por más que sea bienintencionada en pos de conseguir una sanción ejemplar para funcionarios (sin importar el rango) que deban cumplir condena por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, evidencia una falta de noción total sobre el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas, dado que no es el Presidente de la Nación quien debe intervenir en la Justicia una vez que la denuncia ya fue realizada, pues ello, constituiría nuevamente en una violación a la división de poderes, y la responsabilidad de avanzar sobre la determinación de culpabilidad recae exclusivamente en la Justicia Federal.
Las falencias de la sociedad política, encuentran causas muy profundas, probablemente en usos y costumbres que llevan décadas instaladas dentro de los círculos de poder. El sistema de incentivos está trastocado e impide el correcto accionar de los funcionarios. Una institución sana, es aquella en la cual incluso el funcionario con peores intenciones, se encuentra en la conveniencia de actuar correctamente, justamente, porque le conviene.
Ejemplificadas, resumidamente, las falencias de la sociedad civil se demuestra que la escasez de cultura democrática y republicana puede producir aún con las mejores intenciones, en lugar de una supervisión entre poderes, una violación de ellos. He aquí la necesidad imperante de modificar y mejorar la percepción de la sociedad civil sobre el funcionamiento de las instituciones representativas. Los mecanismos de control, deben formar parte del conocimiento básico de la ciudadanía sobre su propio Estado.
La forma de retroalimentar un sistema republicano, debe considerar que es necesario complementar el cambio del sistema de incentivos con el fortalecimiento de la cultura democrática.
Para finalizar, recomiendo el libro que para mí, mejor evidencia la forma de compatibilizar ambas aristas y lograr profundos cambios con una mirada institucionalista: "Por qué fracasan los países", de Acemoglu y Robinson.
EL AUTOR. Lucas Faure. "Militante de la Constitución Nacional", estudiante avanzado de Ciencias Políticas y dirigente joven de Juntos por el Cambio de San Rafael.
