El Gobierno apostó por el ajuste duro y los jubilados son los más perjudicados

El viernes en la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció con un tono muy moderado la alegría del gobierno porque se había alcanzado un amplio consenso sobre las normas del proyecto de Ley Ómnibus, que representarían unos 530 artículos, dedicados a generar un cambio estructural y una desregulación de la economía, pero reconoció que había algunas diferencias en los temas fiscales.

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En ese sentido, anunció que el gobierno decidió retirar del proyecto de ley los artículos que generaban diferencias y son los referidos a temas fiscales. Por esto se retiran los que trataban un aumento de las retenciones a las exportaciones, la moratoria impositiva, el blanqueo de capitales, las modificaciones de bienes personales. También mencionó que se retira el proyecto de aplicar nuevamente ganancias a los trabajadores en relación dependencia y que era posible que se retire lo referido a la fórmula jubilatoria.

Ahora habrá que esperar la reacción de los legisladores que han dicho que, en principio, quieren leer el nuevo proyecto para que no les cambien las normas. De todos modos, el ministro reconoció que es un nuevo ajuste para todos, pero sobre todo para la política. En realidad, los que más van a sufrir son los jubilados, aunque muchos gobernadores van a querer revisar cosas.

Algunos analistas opinan que es una derrota del presidente Milei, pero si se considera que se plantea sostener el objetivo del déficit cero, solo habría un cambio de ritmo. El presidente había avisado que si no le daban las leyes que necesitaba, haría un ajuste más fuerte, pero en esta ocasión, ante la diminución de recursos que le generaba el Congreso, también bajó recursos a las provincias y ajustará más el gasto, sobre todo a los jubilados.

La situación, con seguridad, va a generar problemas porque los gobernadores se quedarán sin los ingresos por ganancias, ni mayor coparticipación por la moratoria y por el blanqueo. Aunque parezca mentira, diputados "amigos" terminaron generando una reacción que perjudicará a los gobernadores que decían defender. Y los más graves, es que serán los responsables de no solucionar la situación de los jubilados.  

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Habrá que esperar la reacción de los legisladores opositores para ver cómo se avanza y de qué manera el gobierno intentará mandar nuevamente los temas que se sacaron de la ley al Congreso de manera no sirvan para posibilitar presiones de intercambio. La apuesta del gobierno es compleja. Hay que ver si los legisladores estarán dispuestos a tratar la ley sin los artículos complejos. Es que no tienen incentivos para presionar al ejecutivo.

El problema más grave está dado por la situación de los jubilados. El sistema actual tiene un sistema de ajuste en base a la recaudación y al promedio de los salarios. Con este sistema, la pérdida frente a la inflación ha sido permanente. Solo en el último trimestre perdieron un 15% y se calcula que nuevo ajuste daría 37% contra un 60% de inflación real, en el mismo periodo.

El gobierno proponía mantener esta fórmula para marzo y ajustar a partir de abril con el último indicador del IPC conocido (que sería febrero) mientras que la oposición pedía que se computara la inflación de enero para aplicar en marzo. El Gobierno alegaba que no tenía recursos para aplicar esa fórmula, pero la oposición amenazaba no aprobar esa medida. No había punto intermedio.

Esto motivó la reacción del Gobierno y hará que los jubilados queden atados a un índice muy perjudicial, salvo que por sí solo el ejecutivo decidiera dar aumentos especiales mediante bonos adicionales, como ya se hace con los de la mínima. Los gobernadores podrán negociar, los diputados podrán negociar, pero los jubilados ven cómo una discusión con poco sentido los haga perder previsibilidad hacia el futuro.