Cepo cambiario: la Corte citó al Gobierno de Mendoza y al Banco Central

La reunión se fijó para la próxima semana y el gobernador fue citado junto al presidente del Banco Central, el también mendocino Miguel Pesce.

La Corte Suprema de Justicia declaró hoy su competencia originaria y citó a una audiencia de conciliación entre el gobierno de Mendoza y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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La conciliación es por la causa que promovió la administración de Rodolfo Suarez luego de que la autoridad monetaria limitara el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a las provincias que tuvieran compromisos en moneda extranjera.

A la audiencia para intentar un acuerdo sobre el objeto de la demanda fueron citado el gobernador Rodolfo Suárez, y el presidente del BCRA, el también mendocino Miguel Pesce. El encuentro está previsto para el 6 de septiembre, a las 12, en la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal.

El pasado 1 de junio, el BCRA emitió la Comunicación "A" 7782, en la que indicó que las provincias con vencimientos de títulos de deuda en moneda extranjera podrían acceder al mercado cambiario por el equivalente al 40% del monto de los vencimientos y que deberías usar recursos propios para el 60% restante.

La medida, señaló el BCRA, tenía como objetivo que el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera se lleve a cabo "a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria".

"Los Gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera", señaló el BCRA en un comunicado.

Mendoza formuló el reclamo contra el BCRA y el Estado Nacional argumentando que la prohibición de acceder al MULC le imposibilitaría cumplir con el pago de sus deudas públicas, cuyo vencimiento opera el 19 de setiembre de 2023.

La provincia pretende que se declare si está alcanzada por la Comunicación y, en caso afirmativo, que se declare la inconstitucionalidad de la norma.

"Implica serias restricciones para que la provincia acceda al Mercado Único y Libre de Cambios y pueda adquirir los dólares para cancelar en tiempo y forma su próximo vencimiento", aseguró Mendoza en el expediente de la causa.

En ese sentido, argumentó que un órgano nacional ejercería competencias delegadas "de manera abusiva" e "inmiscuyéndose en la autonomía administrativa y financiera de la provincia, atentando contra la buena fe y lealtad federal, pilar de la Constitución Nacional".

De acuerdo al expediente "desde 2016 la provincia contaba con una deuda original en dólares con títulos bajo denominación PMY2024, que fue refinanciada en el 2020, operación que fue autorizada" por el gobierno nacional, lo que dio paso a la emisión de nuevos títulos públicos en esa moneda (PMM29), con el vencimiento programado para fines de gramado para el 19 de septiembre próximo.

Mendoza debe afrontar pagos US$ 55,6 millones en septiembre, de los cuales casi el 97% corresponde al pago de intereses y amortizaciones de títulos de deuda con acreedores privados, que fueron reestructurados en septiembre de 2020.

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