La iglesia Católica se metió en el conflicto en Jujuy y pidió un plebiscito

La Iglesia católica, a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, pidió hoy que "se convoque a los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado" sobre la reforma de la Constitución en Jujuy y que "el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante".

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Lo hizo a través de un documento en el que consideró "legítimo que quienes estén en desacuerdo con normas incluidas en esa Constitución" sometida a reforma por el gobierno de Gerardo Morales "reclamen ser escuchados".

El viernes se aprobó una reforma de la Constitución local que establece la "prohibición de cortes de calles y cortes de rutas" y de "toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos" en la provincia.

La Comisión, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), destacó el llamado de monseñor César Fernández, obispo de Jujuy, quien instó "al diálogo sincero entre las autoridades y los distintos grupos de hermanos y hermanas que se encuentran en conflicto" y dijo que "todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia".

"Pedimos que se convoque a todos los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado acerca de sus normas y que el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante", enfatizó.

Tras señalar que "la sanción de una nueva Constitución en la provincia de Jujuy ha originado movilizaciones en todas las ciudades y pueblos jujeños" por parte de diversos sectores sociales, incluidas "instituciones de nuestra Iglesia", la Comisión dijo que "el gobierno ha prohibido esas manifestaciones y reprimido y detenido manifestantes, alegando que eran personas que estaban realizando actos de violencia".

La Comisión de Justicia y Paz consideró que "toda persona que habita nuestra Patria puede y debe participar. En este caso se trata de la Constitución que regirá la comunidad jujeña en su desarrollo y desenvolvimiento y consideramos legítimo que quienes estén en desacuerdo con normas incluidas en esa Constitución reclamen ser escuchados".