Qué hacen los 498 investigadores que firmaron una carta en contra de la minería

En medio del debate por la reforma a la Ley 7722, llegó a la Legislatura una carta firmadas por personas ligadas al Conicet y la UNCuyo. La mayoría eran docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Filosofía y Letras y de Artes y Diseño.

A más de dos meses de la derogación de la Ley 9209, la discusión de la minería volvió a la calma que existía antes de la intención de modificar la 7722. Con menos efervescencia también se pueden analizar mejor las actuaciones de los distintos participantes de una discusión que -una vez más- estuvo lejos de las cuestiones técnicas.

En medio del tratamiento, en lo que fueron las comisiones ampliadas, en un momento se recibió una carta en la que aseguraban que 500 científicos del Conicet advertían del peligro del desarrollo de la minería en Mendoza. Esa carta se recibió y se adjuntó, e incluso algunos legisladores y los antimineros la usaron como base para su campaña en contra de la reforma.

Claramente fueron efectivos, pero lejos del vértigo y los discursos del terror, la geóloga Marita Ahumada y la sociologa Natalia Casadidio, analizaron la carta en cuestión y, específicamente, qué perfil técnico tenían las personas firmaron el texto. La conclusión fue que "prácticamente no hubo participación de profesionales de áreas que pudieran dar cuenta de procesos mineros o desde la actividad con un conocimiento cabal en el tema".

Consideraron oportuno y necesario analizar quiénes firmaron la carta porque "en los últimos tiempos los mecanismos de imposición ideológica a las comunidades son alarmantes. Lo hacen con discursos asociativos tales como prostitución, mujer y minería o contaminación del agua y minería. Incluso, llegan a la creación de slogans estigmatizadores".

En ese sentido, señalaron que "hay un accionar que ha funcionado con éxito en los mecanismos de adoctrinamiento" y apuntan a "la utilización del capital institucional e intelectual que ostenta un selecto grupo de eruditos de prestigiosos espacios académicos y de investigación".

Para Ahumada y Casadidio, "estamos ante un grupo que hace abuso de su posición ocupando un espacio académico o de investigación que la sociedad les confió para hacer ciencia, no para transmitir ideologías".

Los resultados

A la hora de revisar los nombres de los firmantes se encontraron con que la mayoría de ellos "pertenece a las ciencias sociales y humanísticas". 

Los 498 firmantes se dividen de la siguiente manera:

-88 eran docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

-53 de la Facultad de Filosofía y Letras.

-29 de la Facultad de Educación.

-51 de la Facultad Artes y Diseño.

-18 de la Facultad de Ciencias Médicas.

-43 de la Facultad de Ciencias Agrarias.

-22 de la Facultad de Ciencias Económicas.

-De los 194 restantes, que no especificaron especialidad, se pudo apreciar -a partir de los trabajos publicados- que la mayoría son profesionales de ciencias sociales del Conicet y el resto de deportes, odontología, ciencias médicas y ciencias naturales.

Para las profesionales "es llamativo que las personas formadas en sociología, filosofía y arte tengan un conocimiento tan especializado y acabado como para comprender la utilización de reactivos químicos, sus concentraciones, la dinámica de los recursos hídricos, o de procesos productivos".

"Analizando el plan de estudios de cada carrera en la que han sido formados los doctos firmantes, en ningún caso han recibido una formación que les permita tener un conocimiento técnico y específico sobre la actividad minera en cuanto a su dimensión productiva", recalcaron la geológa y la socióloga.

En ese contexto consideran que "este sector académico, formador de opinión, está influenciando a la población en el marco de un movimiento antiminero que sólo es posible comprender desde la dimensión ideológica".


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