España sube la edad legal de jubilación a 66 años y seis meses con la llegada de 2024

Una reforma del sistema de pensiones en España prevé el aumento progresivo de la edad para jubilarse.

Los españoles que quieran jubilarse a partir de este lunes, 1 de enero, con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y seis meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años.

Estos 66 años y seis meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 38 de cotización (en 2023 se exigen 66 años y cuatro cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años y nueve meses cotizados), informó el diario El Economista, en Madrid.

Si se superan los 38 años cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde el 1 de enero de 2024 con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. 

Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantiene en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

Qué es en España la jubilación parcial

En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.

Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde el 1 de enero de 2024 de 62 años y seis meses si se tienen cotizados 36 años o más, o de 64 meses en el caso de que se tengan 33 años cotizados.

Jubilación anticipada

La Seguridad Social española permite jubilarse anticipadamente a los trabajadores de forma voluntaria hasta un máximo de 24 meses antes de la edad legal ordinaria. Si la jubilación anticipada es involuntaria, es posible jubilarse hasta un máximo de 48 meses antes de la edad de jubilación ordinaria.

En el caso de la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, que dependen del número de meses de adelanto de la edad de retiro y del periodo de cotización acumulado.

Por contra, si se retrasa voluntariamente el acceso a la pensión de jubilación después de la edad ordinaria, el pensionista recibirá una bonificación, que puede consistir en un porcentaje adicional de pensión del 4%, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambos si se demora la jubilación dos años o más.

En el caso de las bases máximas, la reforma establece que, desde 2024 y hasta 2050, subirán con el IPC más un cuantía fija de 1,2 puntos cada año de este periodo. De este modo, teniendo en cuenta que el IPC promedio de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 se situó en el 3,8%, la base máxima de cotización subirá un 5% en el nuevo año, lo que la situará en 4.720,3 euros mensuales ó 56.644 euros anuales.

Esta base supone la máxima retribución salarial sobre la que se aplican los tipos de cotización para determinar la cuantía que empresas y trabajadores aportan mensualmente a la Seguridad Social para el pago de pensiones, de modo que aumentar esta cuantía salarial máxima sujeta a cotizaciones eleva los ingresos del sistema.

Asimismo, la reforma de pensiones determina que el complemento de la brecha de género (30,4 euros en el ejercicio actual) subirá un 10% adicional al IPC en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios, según determinen las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Al tiempo que aumenta la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará el próximo año con el IPC (desde 2025 lo hará con el IPC más un 0,115% adicional).

De este modo, con la revalorización del 3,8% del IPC, la pensión máxima se situará en 2024 en 3.175,5 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.059,2 euros de 2023.

Qué es el MEI: sube al 0,7% en 2024

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI es un nuevo impuesto que entró en vigor en Enero de 2023 para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Desde principios de año, las cotizaciones que pagan los autónomos y empresas por sus empleados y por ellos mismos a través de su cuota han subido un 0,6% a causa de este impuesto. Esto supone cientos o incluso miles de euros al año en costes laborales para muchos negocios.

Además, en los próximos años, el MEI seguirá subiendo un 0,1% anual hasta alcanzar una subida total del 1,2% en 2029.

La sobrecotización del MEI subirá con la llegada de 2024 una décima, desde el 0,6% al 0,7%, que se distribuirá en 0,58% a cargo del empresario y del 0,12% a cargo del trabajador (en el caso de los autónomos, éstos asumen el 0,7% completo).

Según las proyecciones del Gobierno de Pedro Sánchez, recogidas en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, esta medida reportará el próximo año unos ingresos a la Seguridad Social de 3.702 millones de euros, el equivalente aproximado al 0,24% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a la recaudación del 0,20% del PIB de 2023.

Precisamente, en lo que respecta al ejercicio que ahora termina, el de 2023, el impacto presupuestario de la sobrecotización del MEI (0,6%) supera los 2.922 millones de euros. El Ejecutivo calcula que la décima adicional de subida para 2024 implicará unos ingresos de 780,5 millones de euros. De esta forma, la sobrecotización del MEI establecida para el año próximo procurará ingresos totales por valor de 3.702 millones de euros.

Sumando la sobrecuota del 0,7% del MEI vigente en 2024 al tipo de cotización por contingencias comunes, el tipo total se situará en el 29%, frente al 28,90% de 2023 (la diferencia entre ambos ejercicios es la décima adicional en la que subirá el MEI el próximo año).

Los ingresos del MEI, mecanismo que sustituyó al llamado factor de sostenibilidad, irán destinados a engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, la llamada 'hucha' que, según cálculos de la Seguridad Social, partiendo de algo menos de 3.000 millones de euros este año, llegará a acumular hacia mediados de los años 40 entre 120.000 y 130.000 millones de euros, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora la cifra más alta.

La sobrecuota del MEI irá subiendo de manera progresiva hasta alcanzar el 1,2% en 2029 y de 2030 a 2050 se mantendrá en ese 1,2%, aunque podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB, cosa que por ahora se descarta en las proyecciones del Gobierno español.

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