En 2023 habría debate obligatorio entre candidatos a gobernador de Mendoza

Cada dos años, los candidatos a gobernador y al Congreso se juntan en los dos principales canales de televisión de Mendoza para dar forma a un debate que, en ocasiones, se convierte en una contienda entre dos o más dirigentes. Ahora, por iniciativa de un grupo de legisladores de Cambia Mendoza, se pretende imponer un debate obligatorio similar al que está vigente en Nación y otras provincias, de carácter institucional.

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Si se sanciona el proyecto de ley que presentaron Daniela García (UCR), Josefina Canale (PDP) y Gustavo Cairo (PRO), los candidatos a gobernadores en elecciones ejecutivas y aquellos que encabecen las listas provinciales en elecciones de medio término no podrán negarse a participar del debate, ya que como se mencionó anteriormente, pasará a tener carácter de obligatorio.

"Establézcase la obligatoriedad para quienes sean candidatos/as a ocupar el cargo de Gobernador/a de la Provincia de Mendoza a participar en un debate público en el que expondrán las propuestas relativas a su plan de gobierno, que tendrá lugar dentro de los quince (15) días y hasta los cuatro (4) días corridos anteriores a la fecha de la elección", dice el proyecto.

Y agrega que "la misma obligación será respecto de los/as cabezas de lista de candidatos/as a legisladores provinciales en las elecciones de medio término". Además, si un candidato no se presenta al debate, esto implicará el cese de la difusión de todo espacio publicitario asignado a la agrupación política a la cual represente.

Surge de la iniciativa que el debate obligatorio entre candidatos deberá ser transmitido en directo por todos los medios públicos de Mendoza, mientras que los privados también podrán optar por reproducir la transmisión oficial. "El debate se realizará en algún lugar o ámbito académico, garantizando la participación de todos los medios de comunicación", agregan los autores.

Si se sanciona esta ley, el debate podrá hacerse entre 15 y 4 días antes de la elección. A la vez, la Junta Electoral convocará a candidatos y apoderados para acordar la fecha y el horario del debate, los temas y los tiempos para las exposiciones, la modalidad de las réplicas y repreguntas y las personas que oficiarán como moderadores.

"De no existir acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la Junta Electoral Provincial. Deberá hacerse público el acta que contenga el resultado de la audiencia en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas", señala el proyecto.

Si el resto de los diputados y senadores de Cambia Mendoza avalan la propuesta de sus correligionarios García, Canale y Cairo, el proyecto será aprobado y en 2023 habrá debate obligatorio entre candidatos a gobernador, ya que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Los puntos clave del debate obligatorio

- La Junta Electoral elaborará un reglamento que contendrá las reglas generales, la estructura y la dinámica bajo las cuales se desarrollarán los debates, garantizando el trato igualitario entre los candidatos, incluyendo la igualdad en el tiempo destinado a las exposiciones y réplicas de cada uno.

- Se realizará un sorteo público a los fines de determinar el orden de exposición de los candidatos.

- El debate deberá garantizar la exposición de las siguientes temáticas como mínimo: Seguridad; Salud; Educación; Empleo; Producción; pudiendo añadirse otras que la junta electoral considere necesarias u oportunas.

- La no participación sin razones justificadas en el debate, implicará el cese de la difusión de todo espacio publicitario asignado a la agrupación política a la cual represente el candidato

Un debate sin sesgos

"El objetivo es generar participación democrática y acceso a la información sobre la plataforma de gobierno, específicamente en algunas temáticas que deberán ser consideradas en el debate: salud, seguridad, empleo, producción y educación", dijo a este diario una de las autoras del proyecto, la diputada radical Daniela García.

Además, remarcó que actualmente hay debates, en canales de televisión y también otros organizados por agrupaciones o entidades particulares. Sobre esto, subrayó: "A veces son parcializados en relación a la temática e incluso hay debates que hacen grupos de lobby que tienen un sesgo. Queremos que sea organizado de una manera equitativa".