El rol del Estado y el buen gobierno republicano

I. DE LA LABOR, REFLEXIONES Y PROPUESTAS PLANTEADAS

El FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL es un ámbito de diálogo entre entidades empresarias que comenzó a gestarse a partir de noviembre de 2013, incorporándose desde entonces más de 67 instituciones, incluyendo consejos profesionales y organizaciones religiosas de los distintos credos y de la sociedad civil.

Su propósito es sumar la visión y perspectiva del empresariado de modo de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país y conciliar así el ejercicio de la política con la promoción del fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y social.

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Así, con un objetivo inspirado en la unidad y el diagnóstico con propuestas, se alentó la participación de todos los protagonistas del mundo empresario y de la sociedad civil en la elaboración de propuestas conducentes a esos objetivos.

Luego de un profundo debate, el 28 de enero de 2014 el Foro emitió un documento denominado "La hora de la Convergencia"

La favorable acogida que esa invitación obtuvo de los diversos actores empresariales permitió avanzar en la elaboración de una estrategia común de relacionamiento con los demás actores sociales, incluyendo los representativos de la cultura, el trabajo, la ciencia y la técnica y la ética.

Es preciso -se apuntó- que el empresariado, entendido como un conjunto capaz de proceder como tal, se perfile con propuestas ante toda la dirigencia política.

El 22 de abril de 2014, el Foro emitió un nuevo documento en el que se resaltaba que, "...para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto común. Y ese es el objetivo del FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL, el de proponer políticas de Estado que promuevan la inversión para aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y encaminar a Argentina en la senda del desarrollo sostenible...."

Así entonces, se inició la tarea de convocar a autoridades gubernamentales, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes políticos, sindicales y empresarios, para compartir y enriquecer las propuestas de generación de políticas de Estado que el FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL propone en los campos institucional, económico y social.

Con ese cometido, el 27 de noviembre de 2014, se realizó una conferencia en la Universidad Católica Argentina que abordó el compromiso de los empresarios para una Argentina posible y los acuerdos para el desarrollo, mediante los cuales se generan las condiciones para la creación de 3.000.000 de puestos de trabajo en 10 años. La conferencia tuvo una participación significativa de más de 900 personas representativas de los ámbitos empresariales, políticos, sociales y sindicales.

La circunstancia preelectoral que transita el país constituye una etapa sustantiva en la vida nacional. A partir del ejercicio de una ciudadanía responsable, es el tiempo propio para la reflexión profunda sobre el papel que le cabe a cada ciudadano, sector u organización y al propio Estado.

II. UN CONCEPTO CENTRAL: EL ROL DEL ESTADO.

EL ROL DEL ESTADO ES PROVEER EL MARCO NECESARIO PARA EL DESARROLLO PLENO Y AUTÓNOMO DE SUS HABITANTES Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, QUE LE DAN SU ORIGEN Y SUSTENTO.

Cuando en este documento nos referimos al concepto Estado, lo hacemos recordando que Estado y Gobierno no son sinónimos. Y que la ciudadanía no debe permitir que los Gobiernos -nacional, provinciales y municipales- se apropien del Estado.

Un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país. Un Estado eficaz es indispensable para el desarrollo económico. El Estado es la expresión de sus elementos sustantivos -la población, territorio y soberanía-, sintetizados en una estructura de poder constitutivo de la cual es titular el propio Estado que éstos conforman y que, ciertamente, debe distinguirse del modo en que el mismo es ejercido y de cómo son designados aquellos ciudadanos que, en su nombre y representación, gobiernan la República Argentina, ejerciendo el poder -ejecutivo, legislativo y judicial- de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes que institucionalizan esa autoridad que les es conferida.

Las funciones del Estado son varias y muy amplias: el ejercicio de la defensa e integridad territorial de la Nación así como del monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación y la salud.

El Estado también debe proteger a los sectores más vulnerables, tales como las personas de muy bajos ingresos, los desocupados y los ancianos. Debe asegurar un piso mínimo de ingresos requerido para vivir con dignidad. En particular, debe mantenerse y perfeccionarse la Asignación Universal por Hijo.

Asimismo en nuestra visión otro rol fundamental del Estado es asegurar la soberanía monetaria y fortalecer el federalismo mediante un contrato fiscal ampliamente acordado. Para todo ello es esencial que el Estado sea garante del imperio de la Ley y del Estado de Derecho, y en tal sentido es indispensable que su propio proceder se desarrolle en el marco de dichas instituciones.

Es decir, que su actuación debe estar circunscripta al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones en detrimento de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la parcialidad, la consagración de excepciones particulares a las normas y, en definitiva, de toda aquella conducta que exteriorice abuso de poder y que quiebre el marco de previsibilidad que debe encuadrar su accionar.

Las leyes que se dicten deben tener carácter objetivo, general y obligatorio. En su dictado no se debe interponer ningún otro plano ni interés sectorial que condicione al Estado en su rol de promotor del bienestar general.

Las leyes deben ser el resultado de un proceso de estudio, elaboración, discusión, ponderación y análisis de sus consecuencias y efectos y, fundamentalmente, deben respetar la supremacía de la Constitución observando todos y cada uno de sus principios rectores.

Lo propio debe acontecer con la restante jerarquía de normas. Por caso, los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia, las resoluciones, ordenanzas, comunicaciones y circulares, emitidas por el Poder Ejecutivo y sus órganos dependientes y descentralizados.

A todos, sin excepción, les cabe la obligación de no alterar los principios constitucionales y el espíritu de las leyes a través de excepciones reglamentarias (art. 99, inc. 2º Constitución Nacional), por cuya observancia debe velar el Poder Judicial y en especial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución.

Esta expectativa general, clave es reconocerlo, es un ideal aún no aquilatado en nuestros usos y costumbres cívicos. Es una aspiración, pero, ante todo, es una necesidad imperiosa del conjunto de la sociedad para garantizar la calidad institucional de nuestra Nación.

En la Argentina, ese rol del Estado como garante del imperio de la ley se contrapone con la experiencia. A modo de ejemplo, cabe señalar que desde el comienzo de la transición democrática en 1983 la Argentina viene transitando gran parte de estos años en emergencia económica y social declarada por ley. Así, legalmente se terminó transformando lo extraordinario, lo anómalo, en ordinario y normal. Ello proyecta claras y contundentes consecuencias negativas en la vida de la población, ya que las emergencias vienen acompañadas de medidas cuestionables que suspenden sus derechos patrimoniales, tales como el congelamiento de depósitos, el cepo cambiario, la suspensión de los juicios contra el Estado y el pago consolidado de sus deudas con bonos, o bien la utilización discrecional de partidas presupuestarias, para citar solo algunas.

Por ello, desde el FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL sostenemos que el rol fundamental del Estado es el de ser garante del Estado de Derecho y también, que su accionar se debe sustentar en dos principios fundamentales:

a. El marco de intervención del estado. El Estado tiene el rol fundamental de respetar la forma representativa republicana federal de gobierno, resguardar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes e impedir abusos que afecten al bien común, a la vez que proveer a la prosperidad del país, su progreso económico y humano e intervenir en la modernización de su infraestructura, mas sin que ello implique sustituir al sector privado en aquellos emprendimientos que puedan ser desarrollados por éste en un marco de sana competencia.

b. El principio ético y de integridad. El Estado debe ser la persona ética por excelencia y por ello a los gobernantes les cabe la responsabilidad de actuar de manera ejemplar y como promotores de la ética republicana, que no es otra cosa que observar y hacer observar el cumplimiento de la ley, respetar a rajatabla la división de poderes y rendir cuentas de la gestión. Se deben establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la información pública y garantizar la libertad de prensa. Ello contribuirá decisivamente a otorgarle mayor legitimidad y credibilidad al papel del Estado

En definitiva, resulta imprescindible circunscribir adecuadamente el rol del Estado, orientado a la necesidad de vivir en una sociedad con reglas claras y no sometida a la voluntad discrecional, cuando no autoritaria, de los funcionarios públicos de turno. Asimismo, el Estado debe tomar sus decisiones con independencia de cualquier grupo de interés privado.

La Constitución Nacional establece claramente que nuestro país está organizado como un Estado Federal. A fin de garantizar que dicha condición se cumpla cabalmente, se hace necesario avanzar en un contrato fiscal entre el Estado (a nivel nacional, provincial y municipal) y la sociedad civil. Específicamente, y en consonancia al mandato constitucional introducido en la reforma de 1994, se debe impulsar el dictado de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que resuelva las inequidades y desigualdades que genera la actual Ley.

Le cabe, asimismo, al Estado, la función de establecer y asegurar un marco de plena competencia en la actividad económica, evitando la existencia de prácticas monopólicas u oligopólicas, para que ésta quede a salvo de presiones de intereses sectoriales o políticos que puedan distorsionarla o malograrla.

Del mismo modo, la actuación estatal debe afectar en el menor grado posible la libertad y la responsabilidad personal, sin perjuicio de reconocer que el Estado desempeña un papel fundamental en la solución de aquellos complejos problemas sociales que excedan las capacidades de administración o provisión del sector privado.

En aquellos casos en que la ciudadanía y sus representantes acuerdan democráticamente la participación del Estado en la gestión de medios de producción, ésta, así como las formas jurídicas que adopte en cada supuesto, deberán ser justificadas y reguladas legalmente con carácter previo y sometido luego a controles estrictos de calidad, responsabilidad y transparencia en la gestión.

Además, en todas aquellas organizaciones empresariales en las cuales el Estado tuviere participación se deberá observar la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en tanto que, en caso de acudirse a formas asociativas del derecho privado, el Estado se deberá someter a las leyes y usos mercantiles, evitando el ejercicio de prácticas que pudiesen constituir competencia desleal con otros actores del mercado o bien que su desenvolvimiento pudiere generar conflictos de intereses en el ámbito de la entidad de la cual participa. Para ello se requiere derogar el Decreto 196-15 que dota a los directores del Estado-ANSES designados en las empresas privadas de "indemnidad legal". Dado que los directores en cuestión deberían atenerse a las leyes y normas vigentes para su accionar, contempladas en la citada Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, así como también la legislación Comercial y Civil. Al mismo tiempo consideramos que los Directores del Estado-ANSES designados en las empresas debieran perseguir en su función criterios que maximicen el valor de las compañías en las que actúan, propendiendo con ello a maximizar en el mediano y largo plazo el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y su sostenibilidad en el tiempo en resguardo del sistema previsional argentino.

La creación de nuevos emprendimientos por parte de las empresas, y, en particular, la puesta en marcha de los proyectos de inversión necesarios para ello, requieren insoslayablemente de un marco de previsibilidad de las reglas de juego.

En este sentido, el ámbito propio de decisión de las empresas privadas debe ser respetado.

En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciados el rol del Estado del que les corresponde a las empresas. Le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social.

Por esta razón, deben modificarse las normas que permiten al Estado la intervención discrecional dentro del ámbito de las empresas privadas, tales como la Ley de Abastecimiento (leyes Nº 20.680 y 26.991) y, entre otros, el Artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales. Tal como lo determina nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el derecho de propiedad ya que sin esa garantía no existen incentivos para realizar inversiones productivas. Por cierto, ello no excluye la aplicación de las normas que regulan la defensa de la competencia por parte de órganos estatales independientes y especializados, y sujetos al debido control administrativo y judicial.

Asimismo, para alcanzar el uso más eficiente posible de los recursos productivos y económicos con que cuenta la Argentina, necesario para el progreso en la calidad de vida de nuestra población y el aumento de la competitividad internacional de nuestras empresas, es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del Gobierno, en un marco competitivo, ya que éstos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información indispensable para el mejor uso de los recursos por parte de todos los actores económicos. Por ello también es indispensable impedir que la formación de precios se vea afectada por prácticas monopólicas y oligopólicas por abuso de posición dominante.

La extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios indica que, en la medida en que persistan desequilibrios macroeconómicos básicos, aquellos no son eficaces para eliminar la inflación. Por el contrario, su manipulación discrecional por parte del Estado,agudiza las distorsiones de precios relativos en un contexto inflacionario, y genera fuertes desincentivos a la producción y a la inversión en los sectores perjudicados.

Sólo las tarifas de los servicios públicos concesionados deben ser reguladas por el Estado, preservando de todos modos una rentabilidad razonable, que permita invertir y mejorar los servicios.

III. POLÍTICAS PÚBLICAS DESEABLES

Sentadas estas bases y poniendo énfasis en el pleno ejercicio de las competencias esenciales del Estado, tales como las relaciones exteriores, la administración de justicia, la seguridad y la defensa nacional, la salud y la educación, el desarrollo social, la policía del trabajo y de la seguridad social, la defensa de la competencia y el mantenimiento y modernización de la infraestructura, el FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL considera apropiado señalar algunas medidas concretas que facilitarán el logro de los objetivos propuestos, a saber:

Garantizar la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, cuyo fortalecimiento y capacitación debe ser una política de Estado, afianzando asimismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación el equilibrio entre los estamentos indicados por el art. 114 de la Constitución Nacional.

Garantizar la independencia del Ministerio Público tal cual lo establece el Art. 120 de la Constitución Nacional.

Establecimiento legal de la distribución de competencias, recursos, servicios y funciones entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires de modo que, en cumplimiento del mandato constitucional, se consolide un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Fortalecimiento de los entes reguladores de los servicios públicos, que deben estar integrados por profesionales y técnicos independientes e idóneos y cuyo marcos regulatorios deben estar establecidos por ley y respetar los estándares mundialmente reconocidos para el logro de un efectivo control de dichas actividades.

Fortalecimiento institucional y profesional de todos los organismos de control de la Administración Pública, tales como la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (éstas dos últimas podrían fusionarse) y el Defensor del Pueblo.

Fortalecimiento institucional y profesional de los organismos técnicos como el INDEC, la Inspección General de Justicia, Registro Nacional de Armas, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), garantizando su independencia y calidad técnica.

Reforzar la independencia y jerarquía profesional y técnica del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de la Superintendencia de Servicios de Salud.
de la Comisión Nacional de Valores, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (concretando la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, como establece el Art. 17 de la Ley N° 25.156).

Fortalecimiento institucional y articulación de los Consejos Federales para asegurar en las diferentes instancias de gobierno el espíritu federal, promoviendo su activa participación, tanto en las instancias ejecutivas como legislativas de impacto federal (por ejemplo, el Consejo Federal Hídrico, el Consejo Federal de Inversiones, el Consejo Federal del Medio Ambiente).

Fortalecimiento y profesionalización de los organismos encargados de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la trata de personas y el crimen organizado.

Fortalecimiento y profesionalización de los organismos de inteligencia del Estado, que deben cumplir estrictamente las leyes y no ser utilizados para fines desviados de los que establecen las normas. Asimismo, fortalecer y capacitar a los organismos de control parlamentario de los mismos.

En sus relaciones exteriores, la República Argentina debe privilegiar la integración regional, así como también forjar la mayor cantidad de alianzas con las naciones del mundo, que le posibiliten enfrentar los desafíos y oportunidades del siglo XXI. Con ese objetivo debe participar, efectiva y profesionalmente, en todos los organismos y foros internacionales para desarrollar la mejor relación posible con el resto del mundo.

La formación de una burocracia competente, de alto calibre profesional y ético, seleccionada de manera transparente y en base a mérito.

Implementar una reforma tributaria y fiscal de carácter progresivo a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y gravámenes distorsivos, tipos de cambio diferenciales o procesos administrativos que impliquen restricciones a la producción y comercialización, nacional e internacional, de bienes y servicios.

Mejorar fuertemente la calidad educativa según estándares internacionales y garantizar una sólida formación cívica, realizando la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, de la capacitación y las prácticas docentes y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en la sociedad del conocimiento y para asegurar su inclusión social. Asimismo, promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva. Esto supone dotar de recursos al sistema educativo para que desarrolle una infraestructura y una gestión adecuada y remunerar dignamente a sus maestros y profesores.

Erradicar la pobreza y la exclusión, promoviendo el primer empleo formal y el arraigo de los jóvenes en todo el país, incentivando la generación de empleo formal en la actividad privada y la eliminación del empleo informal y definiendo una política nacional de vivienda, provisión de agua potable y construcción de cloacas. No puede existir una ciudadanía plena sin una justicia distributiva que asegure niveles dignos de subsistencia, con acceso amplio a la educación y a la información.

En cuanto a la salud, llevar adelante una reforma integral del Sistema de Salud que articule jurisdicciones y sectores del sistema, fortalezca la red pública de atención, priorice la atención primaria y garantice la sustentabilidad de atención de las enfermedades crónicas; y que el Estado continúe con la protección de la primera infancia y asegure su adecuada nutrición a través de programas como la Asignación Universal por Hijo y similares.

Educar y capacitar sobre la importancia de la nutrición , hábitos alimenticios y estilos de vida saludables, erradicando en el corto plazo el hambre y la desnutrición aguda en la Argentina, atento la responsabilidad primordial del Estado, pero también mediante la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, articulando los esfuerzos de los numerosos actores públicos, privados y organizaciones sociales que ya se encuentran trabajando en la problemática para mejorar su impacto, en el marco del programa de Nutrición y Alimentación Nacional y de la Asignación Universal por Hijo, entre otros programas.

Promover la defensa integral de los llamados "nuevos derechos", tales como la defensa del consumidor, la protección del ambiente, la lucha contra todo tipo de discriminación.

Promover y fomentar el desarrollo y modernización de las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan una intensa actividad sin fines de lucro en la promoción de la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la justicia y la defensa de las instituciones, las investigaciones científicas y técnicas y otras muchas actividades de gran relevancias social y humana. Para ello, el Estado debe garantizarles un marco legal y fiscal apropiado y eficiente que permita el desarrollo sostenible de nuestra Nación.