La demonización de las garantías constitucionales

Para un sector de la población, respetar la Constitución argentina es "una jactancia de los ricos". Tal situación los coloca unilateralmente por fuera de su alcance y, por lo tanto, al margen de la normativa. Inclusive hay una campaña militante que demoniza a los argentinos que quieren entrar y salir del país libremente, tal como establece y pretende garantizar la Carta Magna y como lo impide el Gobierno en una insólita, inédita e inconstitucional medida que impide volver a su país a quienes viajaron al exterior.

Y es sabido: cuando se transforma a la política en una cuestión de fe ciega, adjudicar acciones al Demonio habilita a promover cruzadas en nombre de un presunto Dios todopoderoso que, en estos casos, está representado por la idea partidaria que se exalta hasta los extremos. Todo vale en ese esquema de pensamiento medieval y autoritario. Pero no todo vale si es la Constitución la que marca los límites y exorciza a esos fantasmas del pasado.

Lo que no se visualiza, en simultáneo, es la aparición de los contrapesos que la misma "ley de leyes" establece: la Justicia está en silencio, acompañando sus propias otras luchas contra el Poder Ejecutivo y al Congreso le falta fuerza y el poder de contrarrestar la decisión abusiva desde la Casa Rosada se diluye en mensajes que suenan altisonantes, aunque con escaso efecto concreto.

La política le pide ayuda a la gente para tener más voz y así, poder tener más fuerza para reclamar lo básico para el sistema institucional: que no se tomen medidas que van en contra de la Constitución. Y la "gente" mira azorada cómo se destruye la institucionalidad, ante la pasividad de las instituciones que tienen que protagonizar la democracia.

Sonará exagerado, pero algo similar pasó en cada interrupción ocasionada por los golpes de Estado, a los que condenamos contundentemente. En aquellas ocasiones, el Poder Judicial supo ponerse en "protector de pantalla" con tal de que sus integrantes no perdieran sus lugares, aun ante la ilegitimidad absoluta de gobiernos autocráticos, dictatoriales y, además de todo eso eso -que ya sería suficiente- ladrones y asesinos.

De tal modo que ahora si bien no hay una situación extrema, la irregularidad silenciosa está primando y, sobre ella, se hace campaña, al señalar a "los ricos" -un termino que se usa en forma extensiva a todo el que tiene un poco más que el que no tiene nada- como "culpables" de la pandemia.

Eso es política, y de la peor.

Se fomentan nuevas grietas en base a información mentirosa y prejuiciosa con un fin pequeño, como es no perder la próxima elección. De nuevo aparece el factor egoísta de que no los desartornillen de sillas que, en muchos casos, no saben o no debieran ocupar.

El respecto a las garantías que ofrece la Constitución es la base de la democracia. Y entre ellas está la de entrar y salir del país cuando se quiera y por los motivos que se antojen, sin tener que declararlo bajo juramento a una élite privilegiada y exenta de esos controles, que evaluará si es conveniente o no, como también hacerlo dentro del país, cosa que se violó en forma flagrante el año pasado, también ante la pasividad de los jueces y fiscales.

No es menor lo que sucede y lo demuestra la preocupación de un sector de la política que arenga a su electorado cautivo a actuar empatotados, ya no contra los que viajan solamente, sino contra las normas que se lo permiten.

No se trata de juntar gente que arengue por unos o por otros: las leyes ya están hechas. Y si a alguien se le ocurriera cambiar la Constitución, tendría que conseguir las mayorías y usar las herramientas que ya están establecidas y en las que no aparecen los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Suavemente, lentamente, en medio del miedo por la pandemia, se demuelen derechos colectivos y generales al ritmo en que se aprueban otros de índole sectorial o corporativa, buscando aplausos en algún lado ante la ausencia de aprobación general.

Y se actúa con los derechos constitucionales como en la teoría de los sapos hervidos: es conocido que si uno echa un sapo en una olla con agua hirviendo, el animal salta y escapa del peligro, se salva. Es diferente si está en una olla con agua tibia y se le eleva paulatinamente la temperatura. En ese caso el sapo no percibe el riesgo y muere hervido. Esto ilustra lo que le sucede a quien no percibe un deterioro gradual de sus circunstancias vitales: está condenado a desaparecer.

En el gobierno de Cristina Kirchner su prédica ideológica e ideologista alertaba a todos, crispaba y dividía en forma instantánea. Sus horas de cadena nacional y actos masivos hacían hervir las aguas de la política y así, fallaron sus intentos por reformar la Justicia a su imagen y semejanza y de cambiar la Constitución, entre otras cosas. Los sapos saltaron al darse cuenta del riesgo vital.

Pero Alberto Fernández avanza, por sí o incentivado desde bambalinas. Y en medio de la tibieza generalizada, cada día se amanece con un cepo nuevo que parece aceptarse tácitamente y sin mayores repercusiones más que un encierro controlado y sometido a las normas que solo dicta un costado de la política, sin siquiera llegar a ser discutidas en los órganos que la Constitución estableció sabiamente para no caer en gobiernos de partido o pensamiento único, mucho antes de que los actuales partidos políticos nacieran.