Estos son los argumentos del Frente de Todos para pedir el juicio político a Rosenkrantz

Vanesa Siley, diputada nacional, presentó un proyecto para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de la Nación, en medio de un clima de tensión con el Poder Ejecutivo, La legisladora utilizó como argumento tres decisiones de Rosenkrantz vinculadas a causas de lesa humanidad.

Este fin de semana, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, una dirigente bonaerense vinculada al kirchnerismo, dio a conocer la presentación de un proyecto para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz.

La presentación tiene lugar en medio de un clima de tensión con el Poder Ejecutivo y, especialmente, con la vicepresidenta Cristina Kirchner y su entorno, ya que el máximo tribunal, por unanimidad, aceptó el per saltum que frena el traslado de jueces que podrían juzgar a CFK.

En el proyecto que presentó Siley, incluyó tres argumentos para justificar el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, todos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad: las decisiones del juez en los casos  "Muiña", "Ledesma" y "Rufino Batalla", entre otros.

 "Como fue de público y notorio, el voto de Rosenkrantz formó la mayoría en el caso 'Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario', en el cual se dispuso que era procedente la aplicación del artículo 7 de la Ley 24.390 (2x1) en favor del genocida Luis Muiña", destacó la diputada Siley.

Sobre el caso "Ledesma", remarcó que Rosenkrantz estaría demorando a propósito una causa en la que está involucrada la familia Blaquier, en cuyo ingenio ocurrieron todo tipo de torturas en los '70. Curiosamente, Carlos Blaquier tuvo una excelente relación con Cristina Kirchner en su primera presidencia.

Cristina Kirchner y Carlos Blaquier.

En cuanto al tercer argumento, la causa "Rufino Batalla", la diputada Siley destacó que Rosenkrantz, como integrante de la Corte Suprema, consideró que ese genocida también podía acceder al beneficio de la ley del "2 por 1", pese a ser inaplicable para las condenas por delitos de lesa humanidad.

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