El kirchnerismo presentó un proyecto de antidoping para todos los funcionarios
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti presentaron el proyecto en el Senado en el cual piden que los funcionarios de los tres poderes sean sometidos a análisis de orina.
En medio del debate por la lucha contra el narcotráfico en el país, el kirchnerismo presentó un protecto en el Senado para que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a un examen antidoping.
El proyecto fue realizado por Juliana di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli y José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado.
El texto establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria. Cuando un funcionario de positivo, entrará en un proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación.
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El control y la realización del "antidoping" funcionarial quedaría en manos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros hoy a cargo de Agustín Rossi.
Mientras tanto, esta semana Diputados aprobó un proyecto para fortalecer a la Justicia de la provincia de Santa Fe, que da mayores recursos para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico, y que estaba cajoneado desde mayo del año pasado, pese a que contaba con la firma de legisladores santafecinos oficialistas y opositores.
En el Senado, con el Frente de Todos quebrado y ya si control del quorum, la oposición unida forzó una sesión el jueves pasado para poder tratar la designación de jueces en la provincia de Santa Fe, cuyos pliegos están frenados desde septiembre del año pasado.
La provincia tiene vacante el 32% de los cargos de la Justicia Federal. En medio de un escándalo, entre gritos y acusaciones cruzadas, la sesión se cayó y el diálogo quedó roto entre oficialismo y las bancadas opositoras.
Por otra parte, la Cámara Alta, donde a pesar de la fractura oficialista Cristina Kirchner mantiene el control de los resortes institucionales, no avanzó siquiera en el nombramiento de los integrantes de la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
Se trata del cuerpo que debería llevar adelante el proceso de implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, algo que reclaman legisladores santafecinos de todos los espacios y que -coinciden- aceleraría y eficientizaría la lucha contra el crimen organizado. Diputados ya nombró a los integrantes de esa bicameral hace meses.
