El Partido Verde de México usó a decenas de empresas fantasma para gastos de campaña
La formación pagó 133 millones de pesos entre 2014 y 2019 a 35 sociedades en la mira del Servicio de Administración Tributaria por facturar actividades simuladas.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusado por una parte de la ciudadanía de oportunista e incongruente, definirá el balance de poder en la Cámara de Diputados, tras las históricas elecciones intermedias de junio pasado.
El PVEM se volvió una estructura de poder, amorfa ideológicamente, y apoyó a gobiernos de todo el espectro ideológico por lo que ha recibido críticas por su incongruencia, mientras que asociaciones como Greenpeace lo acusan de no representar las causas ambientalistas.
El Partido Verde Europeo (PVE) rompió relaciones con el PVEM en 2009 y pidió su expulsión de la Global Verde.
Y además, el Verde de México ha promovido la pena de muerte y en esta elección postuló a candidatos que proponían la castración de los violadores y que estaban en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT y de las mujeres.
Pero no solo eso. Un informe publicado por el diario español El País dio cuenta que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) envió a 35 empresas fantasma una parte de los recursos que se le asignaron entre 2014 y 2019 para financiar sus actividades ordinarias y costear sus gastos de campaña. En ese periodo, la formación pagó cerca de 133 millones de pesos (mexicanos) a compañías que meses o años después de recibir los recursos fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como entidades que facturan operaciones simuladas por no contar con empleados ni infraestructura para realizar sus actividades. Incluso, al menos una decena de ellas estuvo en la mira de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tras haber encontrado irregularidades en los informes anuales de gastos que presentó el Partido Verde para respaldar sus transacciones con esas firmas.
En el pasado, el INE ya ha impuesto diversas multas al partido debido a las anomalías detectadas en sus procesos de contratación y por alterar sus informes de gastos.
Los servicios que facturaron las empresas al PVEM son variados, como subcontratación laboral para las brigadas del programa de afiliación; arrendamiento de oficinas; renta de camionetas; reparación de autos; asesoría jurídica; consultorías administrativas; encuestas y servicios de investigación, según la información contenida en una base de datos proporcionada a El País por el SAT tras diversas solicitudes de información y cotejada con los reportes de gasto que presentó el partido al INE. Los conceptos descritos en las cientos de facturas también incluyen servicios para costear supuestos gastos de campaña como "financiamiento de propaganda", renta y colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas, compra de volantes, cubetas de pintura, material impreso, cobertores, termos, bolígrafos, gorras y playeras verdes, así como relojes y llaveros metálicos con el logotipo del partido. Los bienes y servicios no solo fueron contratados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, sino también por las directivas estatales, como la de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sonora.
Cuestionado sobre estas contrataciones, el PVEM respondió a EL PAÍS que cuando se adquirieron los servicios ningún proveedor se encontraba en el estatus de empresas que facturan operaciones simuladas y que el partido no es responsable si con el transcurso del tiempo los proveedores son incluidos en ese supuesto. "Consideramos que el SAT al emitir un Registro Federal de Contribuyentes, un notario al otorgar fe pública de la creación de una empresa, y los proveedores realizar el registro en el Padrón de Proveedores del INE, otorgan a los Partidos Políticos la total certeza y legalidad de que dichas empresas cuentan con la infraestructura y personal humano para llevar a cabo la contratación de estas sin tener obligación de parte nuestra de cerciorarnos de que estas empresas cuenten con lo cuestionado por usted (personal y la infraestructura para prestar los servicios)", explicó en un escrito. Las empresas contratadas por el partido estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores que supervisa el INE, por lo que eran compañías legalmente constituidas, reiteró el PVEM. "Quisiéramos agregar que resulta imposible que el Partido Verde tenga control sobre la situación fiscal de todas las empresas que le venden, ofrecen o brindan productos o servicios".
La empresa que facturó el monto más alto al Partido Verde fue Vrunger SA de CV, que cobró 38,3 millones de pesos a través de 41 comprobantes digitales. En 2014, por ejemplo, el Verde contrató a esta firma para que le brindara servicios de propaganda. Durante la revisión que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de los ingresos y gastos que utilizó el PVEM en 2014 para sus actividades específicas y ordinarias, encontró que había proveedores del partido que reportaban operaciones por montos superiores a los que éste les había notificado.
En el caso de Vrunger, esta empresa le reportó al INE haberle facturado al Verde 15,1 millones de pesos, mientras que el partido había señalado solo 8,5 millones. Finalmente el PVEM presentó pólizas contables, facturas y contratos que respaldaban esos gastos que inicialmente no habían sido notificados, por lo que el iNE consideró atendida la observación.
Cuatro años después, el 13 de noviembre de 2018, el SAT finalmente exhibió a Vrunger en el Diario Oficial de la Federación -el boletín de Gobierno- como una empresa que había simulado sus operaciones.
El PVEM es una formación política que durante 15 años fungió como un satélite del PRI, con el que se alió electoralmente para sostener su permanencia. Anteriormente, en el 2000, ya había hecho mancuerna con el conservador Partido Acción Nacional en los comicios presidenciales. Ahora, nuevamente ha virado sus intereses y se ha vuelto un aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido dominante que fundó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. El Verde, que ha sido cuestionado por apartarse de la agenda ecologista, ha logrado hacerse de votos con polémicas propuestas como la pena de muerte a violadores o cadena perpetua a secuestradores. También ha sido cuestionado por violar la veda electoral e incitar al voto el día de los comicios, como ocurrió en vísperas del pasado 6 de junio, cuando un grupo de influencers publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que promovían el voto a favor de esa formación.
Irregularidades en contrataciones
Durante la campaña electoral para la renovación de Ayuntamientos en Veracruz en 2017, el PVEM le pagó 2,5 millones de pesos a una empresa llamada Ingeniumsa por asesoría en comunicación política, consultoría en planeación estratégica para evaluar las tendencias de voto de los ciudadanos y técnicas de comunicación en campañas electorales. También la contrató para la elaboración de discursos, servicios de asesorías y monitoreo el día de la jornada electoral, según el registro de gastos del partido. Esta empresa era tan multifacética que también vendió lonas, playeras, pulseras y banderas promocionales con el logotipo partidista. Esa no había sido la única ocasión en la que el Verde contrató a esta firma. Entre 2017 y 2019 Ingeniumsa le facturó 15,6 millones de pesos. En 2019 el Verde firmó un contrato con la compañía para que lo apoyara en su programa de afiliación en Veracruz. "Servicios de subcontratación laboral para la realización de actividades relacionadas a las brigadas del programa afiliación 2019 por los meses comprendidos de enero a octubre de 2019", se lee en el contrato.
Un año después, el INE ventiló una serie de anomalías entre el contrato del PVEM e Ingeniumsa que terminaron con una sanción al partido. La Unidad Técnica de Fiscalización identificó operaciones del Verde con empresas que facturan operaciones simuladas. Una de ellas era Ingeniumsa, a quien el Verde le había pagado 2,8 millones de pesos. Inconforme con el fallo del instituto, el PVEM interpuso un recurso de apelación que finalmente fue desechado por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. La autoridad argumentó que al analizar la documentación presentada por el partido, éste reportó gastos por concepto de subcontratación laboral, pero omitió presentar evidencia que permitiera verificar los resultados del trabajo que llevó a cabo Ingeniumsa. "El sujeto obligado no exhibió la documentación que reflejara los resultados del trabajo que realizó la empresa proveedora a fin de que se pudiera observar claramente que lo ordenado fue justamente el servicio que recibió con las características y en las fechas acordadas", se lee en el fallo emitido a principios de este año. En sus alegatos de defensa el PVEM aseguró que el resultado del trabajo de la empresa contratada quedó demostrado con el aumento de las personas afiliadas a su partido.
El PVEM también contrató a una empresa creada al vapor para que le brindara diversos insumos como "material publicitario". Tuto Comercializadora, fundada en Jalisco e inscrita en el registro público del comercio en febrero de 2015, empezó a recibir pagos del Verde mediante cheques a los cuatro meses de haberse dado de alta legalmente, según la documentación revisada. Durante 2015 le facturó al PVEM un total de 5,1 millones de pesos, en su mayoría por "compras efectuadas en periodo de campaña" a través de 80 comprobantes digitales. En 2016 la Unidad de Fiscalización del INE multó al partido por "omisiones al reportar con veracidad el destino de recursos y omitir presentar la documentación soporte del gasto relativo al proveedor Tuto Comercializadora". A mediados de 2018, fue exhibida por la autoridad tributaria en su lista negra de empresas fantasma y en febrero de 2020 finalmente los socios disolvieron la compañía. Pese a esto, en 2020 aún aparecía en un padrón de proveedores del Partido Verde en Jalisco, donde reportaba que su actividad económica eran "volantes".
Firmas que operan en red
En la información revisada por este diario se encontraron empresas contratadas por el Verde Ecologista que fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que comparten socios o administradores. El 4 de abril de 2013 en el municipio de Santiago en Nuevo León un fedatario certificó la constitución de Orobarz Servicios Administrativos y de Comercializadora Feyray. Posteriormente, ambas fueron contratadas en Querétaro. En 2015 y 2016 Orobarz recibió pagos del partido por 1,5 millones de pesos por diversas consultorías, mientras que Feyray vendió audífonos, cobijas, uniformes y balones de futbol. Parte de estos objetos supuestamente se repartieron en un evento denominado Jóvenes verdes que se realizó en septiembre de 2015 en el municipio de Corregidora y que tenía como objetivo reforestar un área en esa localidad. "Se les hizo entrega de unos audífonos contenidos en una caja que dentro llevaba una semilla para ser plantada y así promover la ecología", se lee en un reporte que el partido entregó al INE. En total, entre 2015 y 2016 esta empresa recibió pagos por poco más de 7 millones de pesos.
