Volvieron a negarle la indemnización a un peronista que estuvo en el D2
Roberto Lucas, exconcejal de Las Heras, presentó años atrás un pedido para ser considerado un "preso político" durante la dictadura y acceder a un beneficio previsto por ley. En su momento, fue rechazado por Cornejo y, ahora, por Suarez.
Este lunes, en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suarez rechazó la posibilidad de otorgar a Roberto Lucas el beneficio previsto por ley a los presos políticos de la dictadura. De esta manera, el mandatario ratificó la decisión que tomó su predecesor, Alfredo Cornejo, quien también le negó el pedido al dirigente peronista.
De acuerdo con el exconcejal de Las Heras Roberto Lucas, entre fines de marzo y comienzos de abril de 1982 estuvo retenido ilegalmente en el comando policial D2, que durante la dictadura funcionó como un centro clandestino de detención y torturas. Y aportó como prueba el testimonio de otra persona que presuntamente estuvo junto a él.
Sin embargo, el área de Derechos Humanos del gobierno anterior y el actual considera que la prueba no es suficiente.
Incluso, su testigo tampoco pudo acceder al beneficio previsto en la Ley 8.395, sancionada en la gestión de Francisco Pérez, que establece un "beneficio vitalicio de pago mensual para los hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1.976 y el 10 de diciembre de 1.983 hayan sido condenados por consejo de guerra" o retenidos de manera ilegal sin condena.
En su momento, Cornejo rechazó los argumentos de Lucas para obtener la pensión y, ante eso, el dirigente peronista de Las Heras presentó un reclamo de "ilegitimidad". Este lunes, en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suarez desestima justamente esa denuncia de Lucas, y agrega otros justificativos.
"Se verifica en el sistema informático policial que el Sr. Roberto Bernardo Lucas estuvo detenido/aprehendido o demorado en fecha 09 de marzo de 1982, recuperando la libertad el mismo día, sin especificar causa o motivo, con lo cual esa fecha no coincide con las demás declaradas", sostiene en los considerandos del decreto de hoy.
Por otra parte, durante los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizaron años atrás en Mendoza, algunos testigos vincularon a Lucas con agrupaciones universitarias que habrían colaborado con las fuerzas represivas del Estado. Uno de los que se manifestó en ese sentido fue Ricardo Puga, exlegislador provincial.
Asimismo, otro testigo, Juan Carlos Carrizo, recordó un hecho que fue vox populi durante años: que Lucas había sido detenido en 1976 durante el asalto a una estación de servicio. Además, el hombre especuló que el objetivo de esos hechos delictivos era recaudar recursos para la "lucha anti-subversiva".
Actualmente, Lucas tiene un frigorífico en El Algarrobal y es proveedor de la Municipalidad de Las Heras, que tiene un programa de venta de carne a precios populares. A la vez, trabaja políticamente para el actual intendente Daniel Orozco.
