Provincias "planeras" y coparticipación: ¿por qué un mendocino vale menos que un riojano?

El reparto de fondos nacionales a partir de la Ley de Coparticipación, lejos de equiparar condiciones entre provincias más o menos desarrolladas, termina siendo un premio para que los que peor administran.

Hernán Bitar

En tiempos en los que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se apresta a emitir una "cuasimoneda" para financiar el festival de gasto público de su mal administrada provincia, es bueno repasar cuánto dinero envía el gobierno nacional a cada distrito, la falta de criterio en el reparto de la coparticipación y comprender por qué hay ciudadanos argentinos que "valen tanto" y otros que "cuestan mucho".


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Según datos oficiales de diciembre del 2023, la provincia de La Rioja percibió en concepto de coparticipación, un total de $36.235.318.500 millones de pesos, para una población total de 383.862 habitantes. Es decir, La Rioja recibió por cada habitante (ingreso per cápita) durante el último mes del año pasado, un total de $94.395 pesos.

En tanto, la provincia de Mendoza, recibió recursos por parte del estado nacional por $74.938.081.900 millones de pesos en diciembre pasado, a dividir entre 2.043.540 habitantes. Esto arroja, unos modestos $36.670 pesos per cápita.

Quedó bien reflejado en la nota del domingo pasado, del director periodístico de Mendoza Post, Santiago Montiveros, que a cifras constantes y tomando como referencia el dinero coparticipado durante el último mes del 2023, si Mendoza recibiera por habitante lo mismo que La Rioja durante todo un año, obtendría unos $1132 millones de dólares más por año de lo que recibe en la actualidad.


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Un poco de historia

La denominada "Ley de Coparticipación", sancionada en enero de 1988, dispuso por aquel entonces como regla básica que, del total de los impuestos coparticipables (IVA, Impuesto a las Ganancias, entre otros) el 42,34% de los recursos se los queda nación; el 56,66% se reparte entre las provincias y el 1% se asigna a un fondo especial, popularmente conocido como ATN o "Aportes del Tesoro Nacional".

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Ese 1% correspondiente a los "Aportes del Tesoro Nacional" o ATN, son fondos que el Poder Ejecutivo Nacional, puede utilizar de manera discrecional.

El inconveniente es que en los últimos años, esos fondos fueron utilizados para hacer la clásica maniobra del "látigo y chequera", ya sea para disciplinar a gobernadores díscolos retaceando el envío de dinero; para lograr apoyos en votaciones clave en el Congreso de la Nación o sencillamente buscando favorecer a provincias del mismo color político que la Nación, sin control del destino final del gasto.

Otro punto central a la hora de entender porqué algunas provincias tienen una dependencia extrema de la Nación y tomando como base los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y de la Dirección de Asuntos Provinciales, es la dependencia del presupuesto provincial en relación a los fondos que coparticipa a cada provincia la nación.

Mientras, hay provincias que consiguen financiar casi la totalidad o al menos la mitad de sus recursos por sus propios medios (vía recaudación provincial de impuesto automotor, impuesto inmobiliario, ingresos brutos), hay otras dependen casi exclusivamente de los ingresos que aporte el gobierno nacional.

A saber: mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, sólo el 16,4% de sus ingresos son de origen nacional, en La Rioja, los recursos nacionales alcanzan el 90,9% de los ingresos totales de la provincia.

Provincias "planeras" y coparticipación: ¿por qué un mendocino vale menos que un riojano?

La Rioja no es la única provincia en esa condición. La siguen en ese modelo "planero" de reparto de la masa coparticipable total, Formosa con el 90,5% de sus ingresos explicados por fondos nacionales; Santiago del Estero con el 87,3%, Corrientes sumando un 86,5% de sus ingresos vía nación; Jujuy (sí, la provincia que era gobernada por el radical conservador Gerardo Morales hasta hace unos meses) con el 85,2% y Chaco 83,7%.

¿Cómo está Mendoza hoy? Según los últimos datos consolidados disponibles de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, los recursos tributarios nacionales hacen al 58,8% de los ingresos totales de la provincia, mientras que el 41,2 % es financiado por la recaudación local.

Otro estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), indica que entre 2019 y 2023 cinco provincias fueron las más beneficiadas por el reparto de recursos vía transferencias discrecionales:

1) San Luis 196,2% de aumento real (descontando inflación)

2) Provincia de Buenos Aires (130,7%),

3) Santa Cruz (53,3%),

4) Chaco (30,8%) y

5) La Rioja (17%)

Es decir, 5 provincias con gobernadores del PJ alineados al gobierno del ex Presidente Alberto Fernández.

Para rematar esta historia, no se debe dejar de lado un "error" de base que tiene la ley de coparticipación federal: La misma, no explica de qué dependen los porcentajes de dinero asignados a cada provincia.

Mientras que en otros países federales los criterios de reparto de fondos, están determinados por población, índice de pobreza o evolución del crecimiento demográfico, en Argentina el criterio fue impuesto discrecionalmente o por efecto de la "rosca política" de la dirigencia del 88, que no reparó por aquel entonces, en que los fondos coparticipables iban a ser el gen de los gobiernos feudales del norte grande del país.

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Así las cosas, la Ley de Coparticipación Federal, lejos de funcionar como una herramienta para compensar desequilibrios de desarrollo, seguirá siendo un premio o una suerte de "plan", que beneficiará a las provincias que ni estudian ni trabajan sobre la idea de crear riqueza y viven del esfuerzo ajeno. Y encima, cuando no les alcanza, se lanzan a la aventura de emitir papel pintado o "cuasimonedas".

Esta cultura económica tan argentina de premiar al que malgasta y castigar a los distritos aparentemente "opulentos", va en detrimento de cualquier idea o visión de desarrollo para las provincias correctamente administradas.

Datos de coparticipación: Elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre 2019 y 2023. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 2022 y Ministerio de Economía de la Nación.

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